domingo, septiembre 07, 2008

Falsas cortinas de humo

 

LA SEMANA RAMÓN PI 07 de septiembre de 2008

 

REPENTINAMENTE, desde el poder (Ejecutivo y Judicial) se han lanzado dos mensajes provocadores a una sociedad española que empieza a sentir los agobios de una crisis económica que amenaza con endurecerse y prolongarse durante años. Esos mensajes han sido el inicio de trabajos acelerados para promulgar cuanto antes una ley de plazos sobre aborto provocado, y la providencia dictada por el juez Baltasar Garzón por la que reclama de varias instituciones la lista completa de los muertos del bando perdedor de la guerra civil de hace setenta años, con objeto de procesar después a los responsables?, si es que entonces decide declararse competente en el caso. Son iniciativas referidas a dos asuntos nada pacíficos, que tienden a fracturar a la sociedad y que en sí mismas no resisten la crítica de un observador dotado de inteligencia y conocimientos medianos.

 

Tanto el principal partido de la oposición como numerosos medios han coincidido en calificar estas provocaciones como cortinas de humo que tratan de desviar la atención de la crisis económica y la torpeza con que el Gobierno afronta (es un decir) las acciones para combatir cuando menos sus efectos. La táctica de distraer la atención es vieja como el mundo, y viene al recuerdo la película titulada en español precisamente "Cortina de humo", en la que un experto en imagen ayuda a neutralizar un escándalo sexual de su amigo el presidente de Estados Unidos inventándose una guerra imaginaria contra un pequeño país; ante las críticas de los que auguran que no funcionará la superchería, el experto replica: "¿Cómo que la guerra no existe? ¡Claro que existe! ¡Ha salido en la tele!".

 

Con todos los respetos, disiento de esta interpretación, al menos en parte: no creo que estemos ante una mera cortina de humo. Lo sería si la guerra fuera ficticia, o si las maniobras de diversión, como dicen los militares, tuvieran por objeto algo falso o inocuo. Por el contrario, tanto la luz verde al sacrificio legal de los inocentes aún no nacidos como la "memoria histórica", concebida como desquite de los vencidos setenta años después de haber perdido y treinta después de la Ley de Amnistía que creíamos que cerraba este capítulo negro de nuestra historia, tanto una cosa como la otra, digo, forman parte de los objetivos de este Gobierno y, en especial, de su presidente, que mantiene la mentalidad de la guerra civil tres cuartos de siglo después, y que se muestra completamente insensible al valor de la vida humana, incluida la de los inocentes más indefensos.

 

Giro copernicano

 

El proyecto del Gobierno socialista respecto de la legislación sobre aborto trata de convertir un delito en un derecho. En efecto, el aborto es, en la legislación vigente, un delito, que no se castiga en los tres supuestos conocidos de riesgo para la vida o la salud de la madre, de embarazo fruto de una violación y de probabilidad de graves taras en el feto. El segundo supuesto tiene un plazo de 12 semanas; el tercero, de 23, y el primero no tiene plazo, de forma que este delito no se castiga aunque se cometa en la última semana de la gravidez, siempre que exista un certificado médico que afirme que la salud psíquica de la madre corre grave riesgo en caso de proseguir el embarazo.

 

Era un clamor el colosal fraude de ley que se venía produciendo con los certificados médicos, que en la práctica equivalían al aborto libre y sin plazos. Llegó un día que un juez decidió atender una de las denuncias que, por millares, han venido produciéndose todos estos años sin merecer atención judicial, y se destapó una parte pequeña, pero significativa, de la inmensa podredumbre que reina en el negocio del aborto.

 

Y fue entonces cuando el Gobierno decidió modificar la legislación. Una ley de plazos era la única forma de impedir que ningún juez pueda intervenir en cómo se practican los abortos en España: ¿Qué es una ley de plazos? Consiste básicamente en una norma que declara el derecho a abortar durante cierto plazo del embarazo, sin tener que alegar ningún motivo para matar al hijo. La excusa del Gobierno para este giro copernicano es que hay que proteger a los que practican abortos de la "inseguridad jurídica" en que desarrollan su trabajo. Esto es surrealista, porque no había ninguna inseguridad jurídica, salvo que se llame así (y así la ha llamado el Gobierno) a la inseguridad de los abortadores para realizar su trabajo ilegal e impunemente, ya que un juez ha decidido por fin, tras un millón de víctimas, cumplir con su deber.

Este espectáculo es de una iniquidad lacerante, que ya ven en sus verdaderos perfiles muchos millones de españoles, una vez que se ha conocido lo que ocurre en las aborterías investigadas. Y la puesta en marcha de esta operación degradante no es consecuencia de la crisis económica, aunque sirva para desviar también la atención de ella; es consecuencia de las investigaciones judiciales, y empezó entonces, cuando la economía española aún marchaba bien.

 

El Tribunal Constitucional dejó en 1985 sentada la doctrina de que la legislación actual es conforme a la Constitución porque, al estar establecidos los supuestos en que entran en colisión los derechos de la madre y los del hijo, se mantiene la protección jurídica de éste, el cual, aunque aún no es técnicamente "persona", es, no obstante, un "bien jurídicamente protegible" por la Constitución. De acuerdo con esta doctrina (y al margen de las serias críticas que puede merecer y merece), una ley de plazos sería abiertamente inconstitucional. Pero es dramático que nadie, ni el que esto escribe, albergue la menor duda de que el TC se inventará una doctrina nueva para poder decir que abortar sin tener que dar explicaciones a nadie es también constitucional. Así está el prestigio de esta institución, que no hace sino recoger lo que, con tanta dedicación, ha sembrado.

 

 

 

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